Una preocupación nos toca de manera particular. En los Estados Unidos, país históricamente considerado un faro de las libertades democráticas, hemos observado con alarma un creciente deterioro en el clima hacia la prensa. La embestida del gobierno contra medios y periodistas, la utilización de demandas judiciales como instrumento de hostigamiento y las amenazas a licencias de radiodifusión han puesto de manifiesto una peligrosa deriva. No se trata solo de ataques a periódicos o a cadenas televisivas; se trata de un debilitamiento del sistema democrático más influyente de nuestro hemisferio. Y lo que ocurre en Washington, no nos engañemos, repercute en toda América.
En paralelo, la situación en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y El Salvador confirma la deriva autoritaria y el aumento de la represión hacia la prensa. En estos contextos, el periodismo ha sido criminalizado, los medios independientes son clausurados, y la persecución ha llevado a centenares de periodistas al exilio y a una cantidad de medios a ejercer su labor informativa desde otros países. Estos casos muestran, con crudeza, hasta dónde pueden llegar los estados cuando atentan contra la institucionalidad en busca de controlar el flujo informativo y silenciar las voces críticas.
Si hubiera que elegir un símbolo de este período, sería sin duda el nacimiento de la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (Relpex), fruto de la decisión de la SIP de priorizar el acompañamiento a periodistas y medios obligados a abandonar sus países por la persecución de regímenes autoritarios. Desde su lanzamiento en 2024, tras el valioso respaldo de la Fundación Nacional para la Democracia o NED, la Relpex se ha convertido en un espacio vital para decenas de periodistas obligados a abandonar sus países por la persecución y la censura.